ADEPA denunció la discriminación del Gobierno contra Perfil
Se trata de la marginación en la publicidad de las empresas públicas y en la falta de pago de la deuda del Estado con la editorial con anterioridad al 10 de diciembre de 2023, lo que desconoce el principio de la continuidad jurídica de los actos estatales.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación ante la marginación sufrida por Editorial Perfil y otros medios nacionales y regionales en la contratación de publicidad de empresas con participación estatal mayoritaria, como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.
La manifestación de ADEPA alude al hecho de que Perfil no fue incluido entre los medios a los que se les cancelaron deudas contraídas con anterioridad al 10 de diciembre de 2023, lo que desconoce el principio de la continuidad jurídica de los actos estatales.
Ambas situaciones resultan preocupantes, indicaron, por cuanto podrían implicar una sanción editorial o bien un trato desigual por parte del Estado, en contradicción con los principios de equidad, objetividad y proporcionalidad que deben regir la asignación de recursos públicos.
ADEPA denunció que el Gobierno impone filtros que pueden silenciar a medios y periodistas
ADEPA expresó esta preocupación en una carta enviada al vocero presidencial, Manuel Adorni, en marzo pasado, pero hasta hoy el problema no fue corregido.
La explicación del Gobierno y el documento de ADEPA sobre contratación publicitaria
Diferentes funcionarios intentaron justificar la exclusión como una decisión autónoma de “empresas comerciales”. Sin embargo, dichas compañías poseen participación mayoritaria del Estado Nacional y sus administraciones son supervisadas por ministerios del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, esgrime ADEPA, si las mismas se manejan con criterios exclusivamente comerciales, las contrataciones publicitarias (como cualquier otra de bienes o servicios), deben seguir una lógica de mercado. Excluir a medios que otras empresas de los sectores energético, aerocomercial o financiero no excluyen de sus inversiones publicitarias configuran un claro indicio de discriminación por razones editoriales.
Javier Milei
Tal como lo señaló ADEPA en su documento publicado en febrero de 2024, la contratación publicitaria de organismos o empresas estatales –cualquiera sea la forma jurídica que estas tengan– se expresa en operaciones contractuales por las que se paga una contraprestación a valores de mercado.
En dicha contratación se debe evitar cualquier forma de favoritismo o sanción por la línea editorial. Así lo establecieron los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el marco legal vigente.
Gi
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