La extensión del plan de lucha, la contundencia del paro de actividades por 72 horas que afecta todas las dependencias de los tribunales provinciales desde el miércoles, la intervención del Colegio de Abogados de Córdoba y un proyecto de ley de la oposición pidiendo que se declare la emergencia judicial, fueron la antesala de una decisión política del gobierno de Martín Llaryora para encauzar el duro conflicto gremial que atraviesa a la Justicia Provincial.
La Secretaria de Trabajo de la Provincia convocó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) a una mesa de negociación tripartita. Se abrirá el próximo lunes a las 11.
Por parte del TSJ asistirán el administrador general, Luis Sosa Lanza Castelli, y los directores de Administración, Augusto Bartolomei, y de Recursos Humanos, Edgardo Dainotto.
Pasó menos de una semana desde que, el viernes último, la Provincia liquidó incrementos salariales del 2% retroactivo a febrero, el 2,1% otorgado por el Ejecutivo y las subas equivalentes a los ascensos por la recategorización del personal. Evidentemente eso no fue suficiente porque el gremio, que aunó oficialismo, oposición y autoconvocados, redobló el reclamo por una materia pendiente desde hace años: la equiparación con sus pares federales.
Esa conquista de la que sólo gozan magistrados (jueces, fiscales y defensores públicos) y funcionarios (secretarios y prosecretarios) provinciales, les es esquiva a los trabajadores.
Por eso, la brecha salarial es cada vez más insostenible, y crece al ritmo de la licuación del poder adquisitivo de los salarios.
El paro decretado por 72 horas, desde el miércoles último, concluirá mañana con un alto nivel de adhesión. Fue una expresión contundente del arraigo del reclamo.
El TSJ se mantuvo en la misma postura: que los incrementos otorgados hace una semana significaron una erogación extra para la Provincia de casi $600 millones mensuales y que no había más dinero para contemplar la equiparación solicitada.
Todas esas definiciones evidentemente no tuvieron efecto ni disminuyeron la potencia del reclamo que llegó al punto de que sea la Secretaría de Trabajo la que convoque a la mesa de negociación.
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Judiciales emprendedores
Dentro de las actividades previstas para mañana viernes hay una clase pública y una feria. Esta última fue pensada para compensar el descuento de haberes por los días de paro.
Pero, además, es un grupo que se comunica por WhatsApp y que difunde actividades de emprendedurismo de trabajadores a quienes no les alcanza el sueldo que cobran en tribunales. Hay desde venta de ollas o maquillaje hasta clases particulares.
