En un nuevo tramo de la investigación inicial sobre actividades ilegales llevadas adelante por años por el dueño del corralón Zárate, Francisco Scudieri, fue elevado a juicio un expediente con 10 imputados, entre los cuales hay empresarios, contadores, abogados y un escribano.
Cabe aclarar que Scudieri ya recibió condenas por estafas reiteradas y asociación ilícita, en dos juicios abreviados y que el año pasado recuperó la libertad.
Los imputados sobre los que el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, requirió la elevación a juicio en este caso son: los abogados Fabián Gabriel Barberá, Matías Augusto Cavallo y Leonardo Díaz O´Kelly ; los contadores Marcelo Alessandrini y Federico Schibli; el escribano Daniel Emilio Ahumada; los empresarios Lucas Martín Russo y Juan Alexis Michan; Dante Vega y Erika Romina Aguilera. Todos están libres.
A varios se les atribuye haber participado de la asociación ilícita liderada por Scudieri. A otros, en hechos de estafa procesal en relación al concurso preventivo de la firma Rovi SA y también en falsedad ideológica, por la adulteración de documentos referidos a la comercialización de inmuebles.
La causa que involucra al corralón Zárate, con varias sucursales, trata de una multiplicidad de estafas que ya fueron juzgadas y condenadas anteriormente. Las maniobras consistieron en la profusa publicidad de ventas de material de acopio, a partir del año 2010, captando fondos que fueron luego girados a otras sociedades, despojando primero a Zárate y luego a Rovi SA, sobre la cual se pidió concurso preventivo. En el camino quedaron los clientes que pagaron los materiales de construcción y no los recibieron.
En el requerimiento de elevación a juicio, Gavier señala que en el 2018 se sumaron a esa asociación ilícita el abogado Fabián Barberá y los contadores Marcelo Alessandrini y Federico Schibli por pedido de Francisco Scudieri para sanear la situación apremiante por la que transitaba Rovi SA, derivada de los problemas económicos y financieros por los constantes desvíos de activos.
Según el fiscal, también existió un plan fraudulento para engañar al juez en lo Civil y Comercial de 7º Nominación Concursos y Sociedades. “Inducido en error por la presentación y documentos acompañados declaró abierto el concurso preventivo con fecha 1 de marzo de 2019 mediante sentencia n° 25, en perjuicio de los acreedores”, señala la resolución.
Entre otras cosas se los acusa de transferir bienes que se ocultaron al concurso, cuyas operaciones se consignaron en fechas anteriores a la apertura del concurso.
Otro aspecto que relevó la investigación fue el acuerdo con algunos acreedores, como el presidente de la firma Pretensados Córdoba SRL, Lucas Russo, asesorado y representado en la verificación por el letrado Matías Cavallo y con Leonardo Díaz O´ Kelly, apoderado de Cerámica Cañuelas.
En la misma línea se ubica la investigación sobre Juan Alexis Michan, apoderado de Y.M.K. SA, Erika Aguilera y el escribano Daniel Emilio Ahumada. La rúbrica del notario se observa en escrituras con datos presuntamente falsos.
