El Concejo Deliberante de Córdoba vivió una sesión en la que la calma inicial dio paso al fuego cruzado. La modificación de la ordenanza que redefine el organigrama de la gestión de Daniel Passerini, fue aprobada en general por unanimidad, pero no sin que volaran dardos verbales, ironías veladas y algunas verdades incómodas. Como si cada artículo fuera una estrofa y cada objeción, un verso con filo.
Desde el oficialismo, el concejal Nicolás Piloni (HUxC) ensayó una defensa sobria: “Es una facultad del Ejecutivo establecer su estructura para el correcto funcionamiento”. Saludó el tono dialoguista de la oposición, pero ese equilibrio duró poco. El concejal juecista José María Romero encendió la mecha con un discurso que fue al hueso de la gestión, casi de barricada: “Subamos la vara. La infancia se olvidó, la cultura se olvidó, la gente en situación de calle se olvidó. 26.700 millones de pesos para cortar pasto. ¡Pongan a la gente a trabajar, dejen de tercerizar todo!”.
El edil también aprovechó para responder a las críticas históricas por la gestión de Luis Juez a quienes se los acusa de incorporar más de 5.000 empleados en aquel momento, con una ironía cargada de memoria: “Supongamos que eso es cierto… ¿y hoy cuál es la escala de prioridades?”
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Elisa Caffaratti (UCR) fue contundente pero medida: “Esta estructura es XXL… ¿Córdoba necesita 399 funcionarios políticos?” Y reclamó una revisión profunda del rol de cada secretaría. Su par Sergio Piguillem arremetió contra el artículo 13, por el que la Guardia Urbana fue rebajada de secretaría a dirección: “De ser un punto clave en el programa, pasó a ser una caricatura”.
Desde la vereda oficialista, Martín Simonian replicó que el crecimiento de la planta se corresponde con la ampliación de servicios: nuevos CPC, hospitales, centros de salud mental en la justificación de la ordenanza N° 13.440. Pero la concejala Jessica Rovetto Yapur no se convenció: “Anunciaron recorte y renovación, pero el número de cargos sigue siendo exorbitante”.
El concejal Juez Corte fue categórico: “En 2023 había 553 funcionarios; hoy, con recorte incluido, hay un 72% más que en la gestión de Llaryora”. Una cifra que retumba como un estribillo incómodo.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en general. Los artículos 1 al 12 y el 14 también recibieron aval pleno; los artículos 13, 15 y 16 solo obtuvieron mayoría, reflejando las tensiones que siguen latiendo bajo la superficie.
