Rosario es la zona elegida por el Gobierno nacional para aplicar la Ley Antimafias. Mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, solicitó a la Justicia federal que la ciudad de la provincia de Santa Fe sea la primera sujeta a la aplicación de la medida.
La implementación de la ley ya había sido anticipada por Bullrich el 3 de abril pasado en Rosario como parte de la segunda etapa del Plan Bandera, una iniciativa presentada en conjunto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para fortalecer la seguridad en la provincia.
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La Ley Antimafias, promulgada en marzo pasado, fue presentada por el Ejecutivo con el objetivo de combatir las organizaciones criminales del país con mecanismos legales y procesales. La normativa establece la misma condena por el delito más grave para todos los miembros de grupos delictivos organizados, sin importar su rol en la banda.
Además, la Ley 27.786 permite el establecimiento de zonas de intervención de las fuerzas federales con autorización judicial a través de la ampliación de las facultades de investigación de la Justicia y los organismos de seguridad. Esto incluye detenciones por averiguación de delitos, incautación de mercadería; rastrillajes, interceptación de llamados telefónicos y allanamientos.
Para llevar adelante la aplicación de la ley contra el crimen organizado en Rosario, el Ministerio de Seguridad solicitó a los magistrados federales la declaración de la ciudad de como “zona sujeta a investigación especial”. Conforme al artículo 4° de la ley, un área puede ser investigada si allí se cometieron delitos de manera reiterada por organizaciones criminales que generan conflictos o buscan el control del territorio.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 572, y se fundamenta en el número elevado de hechos delictivos de extrema gravedad ocurridos en la ciudad santafesina, y en la existencia de organizaciones criminales que cometen los delitos graves establecidos en la normativa, como el narcotráfico, el lavado de activos y la extorsión.
La medida se apoya en un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que identificó la existencia de organizaciones delictivas en Rosario, que operan bajo modalidades definidas en la normativa propuesta por el Ejecutivo, que incluyen la reiteración de delitos graves que amenazan la seguridad pública de una zona.
Además, el pedido de la cartera de Seguridad llega luego de la solicitud formal del gobernador Pullaro, de establecer a Rosario como zona sujeta a investigación. El mandatario provincial fue quien promovió la conformación del Comité de Crisis en marzo de 2024 luego de una serie de crímenes y balaceras que paralizaron la ciudad.
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Según la resolución, “el crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada”.
A través de la resolución ministerial, el área comandada por Bullrich puso a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal todas las fuerzas policiales y de seguridad federales, que ya operan en Rosario bajo el Plan Bandera, para acompañar las tareas de investigación, detección y represión de delitos contemplados en la Ley Antimafias.
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