Durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Pekín en 1995, 189 países acordaron una agenda de trabajo en materia de género. El documento que surgió de esa reunión –de la que participaron, además de representantes de los gobiernos, más de 30 mil activistas–, plantea 12 ejes temáticos sobre los que debían desarrollarse políticas para los años siguientes: la mujer y la pobreza, la educación y la capacitación de la mujer, la mujer y la salud, la violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente, y la niña.
Treinta años después, algunos avances fueron claros, pero no suficientes. Por empezar, en 1994, señala la ONU, cerca de 12 países tenían sanciones legales contra la violencia de género, un número que según los últimos datos de esta organización creció considerablemente: hoy son al menos 190.
Pero, de acuerdo al informe “La mujer, la empresa y el derecho” del Banco Mundial (2024), que evalúa la igualdad de género ante la ley, “las mujeres tienen aproximadamente dos tercios de los derechos de los hombres” y “en ningún lugar del mundo tienen los mismos derechos legales que los hombres en todos los indicadores medidos”. Los parámetros incluyen normas sobre seguridad (leyes que abordan el matrimonio infantil, el acoso sexual, la violencia y el femicidio), movilidad (restricciones a la capacidad de acción y libertad de movimiento de las mujeres, otorgamiento de la ciudadanía a hijos y cónyuges), trabajo (normativas contra la discriminación por motivos de género, protecciones adicionales en la contratación y modalidades de trabajo flexible), remuneración (igual remuneración por trabajo de igual valor), matrimonio (igualdad de derechos en el matrimonio y el divorcio), paternidad (disponibilidad de licencias por maternidad y paternidad remuneradas), cuidado infantil (leyes que regulan la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de cuidado infantil), empresariado (la existencia de restricciones a la capacidad de las mujeres para crear y dirigir empresas), activos (derechos de las mujeres a poseer activos inmuebles) y jubilaciones (diferencias en la edad jubilatoria y si la ley permite créditos de jubilación por tareas de cuidado para compensar las interrupciones en la carrera profesional de una mujer).
De estos indicadores, los peores resultados en Argentina (en una escala de puntuación del 1 al 100) son jubilación (50 puntos), igual remuneración por igual trabajo (50 puntos), y parentalidad (60).
Dos décadas después de la declaración de Pekín, en 2015, se plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un listado de metas a cumplir para el año 2030, y entre los que se encuentra (ODS 5) la igualdad de género.
Sin embargo, desde Equal Measures 2030 –una coalición de líderes de redes feministas que realiza un seguimiento de estos indicadores– señalaron que, si las tendencias actuales continúan, la igualdad de género global no se logrará hasta el siglo XXII. En su último informe destacaron que, “entre 2019 y 2022, casi el 40% de los países —hogar de más de mil millones de mujeres y niñas en 2022— se estancaron o incluso retrocedieron en materia de igualdad de género”. Como conclusión general, aseguraron, “ningún país está en camino de lograr la igualdad de género para 2030”.
Por eso, estiman también, una niña nacida hoy tendrá que esperar a cumplir 97 años —más allá de su expectativa de vida— para ver lograda la igualdad de género a nivel mundial.
Si se toma tan solo uno de los ejes de la agenda acordada en 1995, que es el de la pobreza femenina, se puede ver que el tema sigue tan vigente como entonces.
La Declaración señalaba que “el número de mujeres que viven en condiciones de pobreza ha aumentado en forma desproporcionada al número de hombres, particularmente en los países en desarrollo”. Ya entonces sonaba con fuerza el término “feminización de la pobreza”. Tres décadas después las mujeres y las niñas siguen estando sobrerrepresentadas en los índices de pobreza, y, aquellas que se encuentran en el rango de edad de 25 a 34 años, tienen 25% más de probabilidades de vivir en hogares extremadamente pobres que los hombres.
