Lejos de aplacarse, el conflicto gremial se tensionó al máximo en los tribunales provinciales por reclamos salariales.
Lo curioso es que el miércoles pasado, en la misma jornada, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó ascensos de más de 5.000 empleados y a la siesta sacó un memo advirtiendo sanciones ante la realización de futuras asambleas. Provocó la reacción y unidad de oficialismo, oposición y autoconvocados, que salieron en bloque a anticipar medidas de acción directa. Un boomerang.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) anticipó para el viernes pasado la reunión de la mesa de lucha. Estuvieron miembros del oficialismo que preside Federico Corteletti; dos representantes de la oposición que encabeza Irina Santiesteban, y tres afiliados del movimiento de autoconvocados que nació y tomó fuerza en los últimos dos meses. Resolvieron un plan de lucha más agresivo del que se había definido con anterioridad. Comenzará con un paro de 38 horas desde mañana lunes, a partir de las 10, que se extenderá durante todo el martes. El jueves se movilizarán a Apross y el viernes se reunirá la asamblea extraordinaria que había sido convocada para la semana siguiente. Se definirán allí nuevas acciones, incluso legales.
El miércoles de la semana pasada, en la previa del 1 de mayo, el administrador general que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) envió un memo a todo el personal recordando acordadas de ese cuerpo que datan del año 1997 en adelante. Le marcó la cancha a la protesta gremial, con advertencias sobre descuentos de haberes por días de paro – medida que ya aplicó–, prohibición de asambleas ruidosas, imponiendo que se realicen después de las 13 y en la calle. “Retrocedemos al siglo pasado”, subrayó Adrián Valán, secretario gremial del sindicato.
El dirigente recordó que todas esas acordadas merecieron una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al tribunal superior cordobés.
Esa comunicación se produjo a las 15, tras el cierre de la jornada laboral de la mayoría de los empleados. Tuvo un impacto negativo y también reavivó las internas del TSJ que enfrentan al presidente, Luis Angulo, con el vocal Sebastián López Peña.
Ese mismo día, por la mañana, el TSJ había firmado el Acuerdo 502 Serie A que simplificó el escalafón, reduciendo las 11 categorías a seis y recategorizando a los empleados según las nuevas escalas. Sobre esa decisión también hubo una comunicación, donde se explicaron los porcentajes de incrementos que representará para cada cargo del nuevo esquema.
La noticia, lejos de ser leída como una conquista –efectivamente es un paso adelante– fue interpretada como una medida absolutamente insuficiente. El malestar se potenció a la tarde con las advertencias oficiales ante la continuidad del plan de lucha.
La realidad es que la brecha entre magistrados y funcionarios con el resto de trabajadores del Poder Judicial de Córdoba es cada vez más grande. Los jueces, fiscales, asesores letrados, secretarios y prosecretarios –los que más cobran– fueron equiparados en un 90% a sus pares federales. Los empleados, no.
Ambos universos reciben los mismos incrementos que otorga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El último anunciado fue de un 2% retroactivo al 1 de febrero, pero impacta en forma desigual en los haberes de magistrados y funcionarios en relación a los del personal. Si bien todos están “enganchados” a los aumentos que dispone la Corte, no están equiparados. Y ese es el punto visceral del conflicto: la brecha e inequidad crecientes, en un sector de trabajadores ultraprofesionalizados, donde la mayoría posee títulos de posgrado.
Por ejemplo, el “oficial”, un cargo a mitad del escalafón, está aproximadamente al 75,5 % del que tiene un empleado con la misma categoría de la Justicia Federal, que ni siquiera rinden concursos de ingreso o ascenso.
Además, los judiciales provinciales tienen 27% de descuentos en sus haberes para aportar a Apross y a la Caja de Jubilaciones. Y se les exige exclusividad. No tienen matrícula para ejercer en forma particular.
Si el gobierno no tiene más plata, el TSJ tiene asignaciones para gastos que podrían considerarse superfluos, dicen los empleados. En redes sociales se mostraron erogaciones por catering de casi $900 mil.
“Durante la pandemia nos pidieron un esfuerzo, ahora les toca a ellos”, señalan las bases.
Qué es la reestructuración. Luis Angulo, presidente del TSJ, condujo las negociaciones con el gobierno provincial. Dicen que el gobernador Martín Llaryora se involucró personalmente, a la par de su equipo de Economía que analizó los números.
El gremio había presentado el proyecto en octubre del 2023, durante la presidencia en el Tribunal Superior de Domingo Sesín, en un contexto económico totalmente diferente al actual. Quizás por eso, lo que en otro momento era una conquista hoy no conforma.
Consiste en la supresión de categorías que pasan de 11 a seis y permite, además de ascensos automáticos, una carrera judicial en menor tiempo. Los datos oficiales que aportó el máximo tribunal es que impacta en 5.180 empleados.
Según los primeros datos, el incremento salarial más importante lo verán los que tienen la categoría más baja, los meritorios que pasan a ser “auxiliares”, alrededor de 1.000 trabajadores.
