La fiscal de Instrucción de Bell Ville, Isabel Reyna, fue denunciada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) ante la oficina de Sumarios que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La presentación se formalizó en octubre del año pasado. A siete meses de ese hecho, todavía no se resolvió si se abrirá formalmente o no una investigación administrativa en relación a la magistrada, a pesar de los graves hechos que se expusieron.
En los últimos meses, Reyna adquirió notoriedad porque fue la primera en abrir la investigación por la desaparición del niño Lian Flores en Ballesteros Sud, en febrero pasado. Sin embargo, llamativamente no dio entrevistas a los medios y cuando se profundizó el operativo de búsqueda, quienes formularon declaraciones fueron el fiscal general Juan Manuel Delgado y la fiscal general adjunta Betina Croppi.
Uno de los aspectos que contiene la denuncia hacia Reyna es la forma despectiva y discriminatoria con que se dirigió en varias ocasiones hacia la comunidad boliviana. El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el caso Lian está a su cargo. El niño pertenece a la comunidad de esa nacionalidad radicada en Córdoba.
A la luz del contenido de la presentación que se analiza en Sumarios, se entiende por qué se resolvió integrar un equipo de fiscales. A ella se sumó Nicolás Gambini, fiscal provincial de Bell Ville; la fiscal federal Virginia de Miguel, y el juez federal de la circunscripción, Sergio Pinto. A la complejidad del caso, aún irresuelto, se suman las problemáticas que rodean a la fiscal.
Reyna fue designada en la Fiscalía del 2° turno de Bell Ville en 2018, después de concursar para el cargo.
La presunta violencia laboral comenzó poco después y trasuntó más allá de barandillas. En noviembre del 2021, el Colegio de Abogados de Bell Ville elevó una nota con quejas a la Fiscalía General señalando “la preocupación generalizada” por “la impronta que la Señora Fiscal le ha impuesto a la relación con abogados y abogadas”. En esa misiva, citan ejemplos como demoras en trámites simples y la falta de respuesta a peticiones concretas. Como colofón, las autoridades del Colegio pidieron que se tomen las “medidas necesarias para hacer cesar” esas actitudes.
Desde la Fiscalía General instaron a Reyna para que modificara los aspectos cuestionables de su comportamiento. También se dispusieron traslados del personal más afectado, pero a pesar de eso la situación no cambió en lo esencial, afectando la normal prestación del servicio de justicia, tal como reconocieron autoridades judiciales a Perfil Córdoba.
Algunos de los casos citados:
Todos culpables. Luego de la nota del Colegio de Abogados de 2021, Reyna hizo volver de las vacaciones a una empleada y a una funcionaria que estaban de licencia y achacó las deficiencias denunciadas por la entidad a todo el personal, advirtiéndoles que sus cargos estaban en riesgo. Las presuntas víctimas describieron humillaciones y correcciones de sus escritos en público, entre otras cosas.
Gordofobia. Refiriéndose a un magistrado de la misma sede dijo: “Es un gordo hediondo que llega tarde a las audiencias”. Todo expresado en público.
Discriminación. Quienes la escuchan aseguran que a menudo habla de “negros” en forma despectiva o “rubia” para hacer referencia a una persona que le cuesta comprender algo. “Te engañaron como una empleada peruana”, suele decir al hablar de mentiras, naturalizando frases cercanas al bullying. Cuando alguien le advierte que sus modismos pueden incurrir en sesgos reprochables, lo desafía a denunciarla “ante el Inadi, que ya no existe más”.
Desprecio. Un episodio grave ocurrió cuando una mujer de nacionalidad boliviana fue a la fiscalía a denunciar abuso sexual por parte de su hermano. Reyna –según la denuncia que está en Sumarios a la espera de una definición– habría afirmado que ella no iba a investigar nada con el siguiente agregado: “Que se joda por venir a nuestro país a usar nuestros hospitales”. Una empleada le cuestionó sus dichos y ella le ordenó retirarse de la oficina.
Víctima cuestionada. En otra investigación sobre violencia de género, donde una mujer había sido golpeada y atacada con un arma blanca por su pareja, la víctima era reticente a declarar. Las empleadas, acostumbradas a tratar este tipo de casos, entendieron que obedecía al estado emocional de la mujer. Desde la Unidad Judicial se comunicaron con la fiscalía para informar la situación y ante ello, la fiscal habría señalado a los gritos: “A mí me la traen a los patadones a declarar, qué me importan los derechos de la víctima, acá lo único que importa es que hay una persona presa”. Una de las funcionarias finalmente tomó declaración a la víctima, pero eso le habría causado numerosas críticas de la fiscal Reyna por haber sido “demasiado empática”. Le sacó la causa y la pasó a otra empleada.
Trato a niños víctimas de abusos. En una oportunidad, Reyna recibió el comentario de que en una causa que no era de su fiscalía se había suscitado un planteo porque en las declaraciones que prestaba un niño –aparentemente víctima de abuso sexual– al hablar de los genitales masculinos los designaba como “pichi”. A raíz de eso, Reyna habría impartido una instrucción a los empleados en los siguientes términos: “A los niños los vamos a torturar en la cámara Gesell hasta que digan la palabra pene o vagina”. Quiso señalar que no le importaban los derechos de los niños, sino que “la única forma de protegerlos es metiendo presos a los violadores”.
En síntesis, los planteos sobre los que debe decidir la Oficina de Sumarios del TSJ se refieren a cuestiones elementales de acceso a la justicia, principios de no revictimización y el cumplimiento de los derechos constitucionales básicos. Son de tal gravedad que deberían proceder con mayor celeridad, sea para su archivo o investigación.
Reyna tiene a su cargo una oficina donde concurren víctimas de delitos de todo tipo.
