Las pensiones por invalidez laboral tienen una doble función en la vida de las mujeres con discapacidad: por un lado, se trata de una fuente de ingresos que, aunque no es suficiente para cubrir una canasta básica (hoy es de $ 270 mil con bono incluido), ayuda a solventar gastos de una población a la que el desempleo le afecta en mayor medida. Por otro lado, y teniendo en cuenta el género, el hecho de que este ingreso permita cierta autonomía es una herramienta importante para que las mujeres puedan salir de entornos de violencia.
Un informe de la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analiza la situación específica de las mujeres con discapacidad en el marco de las medidas que la actual gestión tomó respecto a esta población durante su primer año. En el documento señalan como primer retroceso en la materia la decisión, publicada en julio de 2024 en el boletín oficial, de incluir la Agencia Nacional de Discapacidad dentro de la órbita del Ministerio de Salud, un enfoque que fue duramente criticado por diferentes organizaciones por su carácter “reduccionista” y contrario a la mirada social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) ratificada por 140 países, entre ellos, Argentina (2008). “Esto se tradujo en medidas regresivas que impactan directamente en el acceso integral a derechos de las personas con discapacidad y sus familias, entre quienes se ven mayormente afectadas las mujeres con discapacidad”.
La segunda medida que resalta el documento es la modificación, a través del decreto 843/2024 de los requisitos para acceder a las pensiones. “Una de las consecuencias más preocupantes es que se restringe más aún la autonomía económica de las personas con discapacidad y se desconoce el costo de vida más alto que éstas tienen. Esto sucede porque, con la nueva reglamentación, el cobro de la pensión por discapacidad ya no es compatible con la posibilidad de trabajar (una posibilidad que se había habilitado en noviembre de 2023), restringiendo su derecho a la autonomía económica” ya que también se establece que “el cobro de estas pensiones tampoco es compatible con los ingresos que pueda recibir su entorno familiar”. Esto es, “no tener parientes y/o cónyuge que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o sustento económico”, una condición que estuvo vigente hasta 2023, cuando la Convención instó al gobierno argentino a modificar su legislación.
Las mujeres son las más perjudicadas. “La imposibilidad de acceder a una pensión no contributiva resulta más grave aún para las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia por parte de sus convivientes, ya que las expone a una mayor falta de independencia económica”, resalta el estudio.
El documento también es crítico con políticas implementadas con anterioridad contra la violencia de género que no contemplaron a las mujeres con discapacidad y a la especificidad de estos casos. Así, mencionan por ejemplo el programa Acompañar, que excluía a las mujeres con discapacidad como potenciales receptoras, ya que “establecía una incompatibilidad con otros programas de seguridad social, como por ejemplo para aquellas que eran titulares de una pensión o jubilación por discapacidad”.
La violencia contra las mujeres con discapacidad tiene características particulares. Un estudio publicado por la OEA aclara el doble sentido en el que se relacionan discapacidad y violencia de género. “Por un lado, muchas niñas, adolescentes y mujeres adquieren discapacidades temporales o permanentes a consecuencia de las violencias basadas en su género a las que se ven sometidas. Por otro lado, las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad son más proclives a enfrentarse a situaciones de violencia de género por su condición de discapacidad que el resto”.
Es por eso que, instrumentos como las pensiones por discapacidad –aunque no sean más que un paliativo para problemas estructurales que los Estados convinieron trabajar para resolver en la Convención– adquieren importancia en el logro de la autonomía de las mujeres y por ende de una mayor posibilidad de salir de esos círculos de violencia.
El documento de ELA analiza además otros recortes en materia de género que impactan en las mujeres con discapacidad: durante el primer semestre de 2024 se ejecutó un 23% menos del presupuesto público destinado a reducir la desigualdad de género frente al mismo periodo del año anterior.
AB
