La inflación de abril, que se ubicó en 2,8% según el INDEC, sorprendió positivamente, incluso tras el levantamiento parcial del cepo cambiario. Este dato se alinea con las mediciones de alta frecuencia y refuerza la idea de una tendencia desinflacionaria.
El bajo traslado a precios de la flexibilización del cepo se explica, en gran parte, porque el tipo de cambio oficial apenas se movió: pasó de $1.078 el 11 de abril a promediar $1.154 en lo que restó del mes, un aumento de apenas 7%.
Los salarios mínimos y las jubilaciones perdieron contra la inflación en abril
El comportamiento de las categorías “Estacionales” y “Regulados” fue determinante: aumentaron solo 1,9% y 1,8%, respectivamente, muy por debajo de sus variaciones en marzo (8,4% y 3,2%). La variable clave a monitorear es el IPC Núcleo, que registró un incremento de 3,2% por segundo mes consecutivo.
En este marco, la administración actual ha optado por moderar el ritmo de ajuste de precios relativos, al tiempo que presta atención al comportamiento de las paritarias. La suba de precios regulados en abril fue la más baja desde el inicio de la gestión, aunque esto no es un fenómeno reciente. Si se toma como base la estructura de precios relativos del primer semestre de 2019, se observa que los rubros más rezagados fueron también los que más ajustaron al comienzo de la actual administración y, al mismo tiempo, los que menos se han movido desde entonces.
Hacia fines de 2024 ya se anticipaba que, si bien la inflación de bienes podía continuar cediendo, el componente de servicios —impulsado por tarifas y salarios— representaría un obstáculo para la baja del índice general. En un año electoral, era esperable cierta
recomposición de los salarios reales como motor del consumo. Sin embargo, la actual gestión parece priorizar la consolidación del proceso desinflacionario. Un caso emblemático fue el de los empleados de comercio, cuyo acuerdo salarial del 5,4% no fue homologado por el Ministerio de Capital Humano, que pidió su renegociación.
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En la misma línea, el índice de salarios del INDEC muestra que los sueldos privados registrados, que habían ganado poder adquisitivo entre abril de 2024 y enero de 2025, comenzaron a caer en febrero (-0,1%) y marzo (-1,2%). El sector público, por su parte, no solo no logró recuperar lo perdido en 2023, sino que continúa acumulando retrocesos en términos reales.
El proceso que lleva adelante el gobierno en el frente financiero
En el frente financiero, el Tesoro Nacional adjudicó $5,41 billones en la última licitación, alcanzando un rollover del 134,2% respecto de los vencimientos. La mayor parte de la colocación se concentró en letras de corto plazo (Lecaps a junio y julio), que representaron el
62% del total y ofrecieron una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 2,6%, en línea con los rendimientos del mercado secundario. Otro 27,6% se canalizó a través de instrumentos a tasa fija de mayor plazo, con una TEM promedio del 2,5%, y el 10,3% restante mediante
instrumentos a tasa variable, destacándose la reapertura del BONCER con vencimiento en octubre de 2026 (+9,4% TIREA). En cambio, la LETAMAR con vencimiento en abril de 2026 volvió a quedar desierta.
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Adicionalmente, el Banco Central modificó la normativa sobre el acceso al mercado oficial de cambios para el pago de capital de títulos de deuda liquidados en el exterior. A partir de ahora, se exige un plazo mínimo de 18 meses —en lugar de 6— entre la fecha de emisión y la posibilidad de acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC).
En resumen, el objetivo central de la política económica parece ser consolidar el proceso de desinflación a lo largo de 2025. Para ello, se ha buscado contener el tipo de cambio tras la flexibilización del cepo, moderar el ajuste de precios relativos y ejercer una mayor
influencia en las negociaciones salariales.
* profesor de la Universidad del CEMA.
