El vínculo entre el Gobierno nacional y los gobernadores atraviesa una etapa de tensión, marcada por múltiples reclamos provinciales y una reciente decisión de Casa Rosada que modificó temporalmente el flujo de fondos coparticipables. A este escenario se suma la preocupación creciente de los mandatarios por el nuevo “Súper IVA”, una iniciativa del Ministerio de Economía que apunta a reformular el esquema del impuesto al valor agregado y que podría alterar el equilibrio fiscal entre distritos.
En medio de este clima, gobernadores de distintos espacios políticos se reunirán este martes en Paraná, Entre Ríos, en el marco de un seminario organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el gobierno provincial de Rogelio Frigerio. Confirmaron su presencia Axel Kicillof (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa), junto con Ignacio Lamothe, presidente del CFI. El objetivo del encuentro es debatir los desafíos del desarrollo productivo de las provincias, aunque el nuevo esquema tributario podría colarse en las conversaciones.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que la reforma tributaria incluirá una modificación clave: "dividir el IVA" entre Nación y provincias. Durante una entrevista en el streaming La Casa, el funcionario explicó que el plan contempla que Nación recaude un 9%, mientras que las provincias podrán definir el porcentaje restante. La idea es generar "competencia fiscal”, especificó el titular del Palacio de Hacienda. Inicialmente, las provincias comenzarían con un 12%, porcentaje que podría reducirse dependiendo de cada situación.
Aunque el tema no está en la agenda oficial del seminario en Paraná, uno de los gobernadores planea aprovechar el encuentro para discutirlo en privado con sus pares. Desde una de las provincias involucradas advirtieron a Infobae que “quién recauda es lo central, y luego veremos si es necesario competir. Políticamente, puede tener dos efectos: une regiones o atomiza provincias”. La reforma, que debe pasar por el Congreso, no se trataría antes del recambio legislativo de diciembre de 2025 y, en caso de aprobarse, recién entraría en vigencia en 2027.
Los gobernadores ya comenzaron a imaginar posibles impactos de esta redistribución. “No todos tienen los mismos recursos y eso ya te marca una brecha: el Sur se organizará con el petróleo, el centro con la soja y similares, y el NOA y Cuyo pueden trabajar el litio o metalíferos”, señalaron desde una de las provincias que participarán del seminario.
Por su parte, desde Economía destacan que el nuevo IVA será una herramienta para estimular competencia impositiva entre distritos. Además, reemplazaría en parte a Ingresos Brutos, la segunda fuente de ingresos provinciales detrás de la coparticipación. Según Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), si se traduce directamente, la nueva alícuota podría llegar al 32%.
El malestar por el cambio en adelantos impositivos
En ese contexto, el malestar de los gobernadores se agudizó tras la reciente decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de anticipos del Impuesto a las Ganancias y retenciones de IVA en operaciones aduaneras. Esta medida reducirá hasta fin de año el monto recaudado por ambos tributos, que representan el 90% de los fondos coparticipables. Aunque el Ejecutivo Nacional asegura que la baja será temporal y se recuperará en meses siguientes, la noticia cayó como un baldazo de agua fría en las provincias, especialmente porque su implementación comenzará en junio, cuando se definen los pagos de aguinaldos.
Desde una provincia patagónica advirtieron estar “realmente preocupados” y evalúan acciones legales contra Nación por no haber informado la medida con antelación. “Esto les sirve para tener meses buenos con las elecciones cerca, para mejorar humor social y usar esa baja para anclar el IPC”, apuntaron desde el entorno de un gobernador no alineado con el oficialismo. Por su parte, en Casa Rosada responden que “no hay ningún cambio” en la coparticipación y que la medida busca fortalecer los ingresos futuros: “Si invitan a Nación, vamos y explicamos todo lo que necesiten”.
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Consultado por Infobae, Argañaraz explicó que el perjuicio temporal para las arcas provinciales estará relacionado con el flujo de impuestos que abonan las grandes empresas. “La mayor parte de esto surge de las que cierran balance en diciembre. En este caso, pagan el saldo en mayo y en junio tienen el primer anticipo. Entre junio y diciembre pagaban un 75% del monto del impuesto. Con el cambio van a pagar un 77,7% en igual periodo. Entonces, el cambio más importante se da en el primer anticipo, que baja desde el 25% al 11%. Luego más que se compensa”, detalló.
Se trata del escenario contrario a lo que ocurre con las PyMEs. “Las que cierran balance en diciembre pagaban 7 anticipos del 10% hasta diciembre, o sea el 70% y ahora pagaran 7 del 11 o sea el 77,8%. El monto acumulado entre junio y diciembre ahora es mayor”, indicó.
Desde el oficialismo, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, compartió una estimación de la consultora Econométrica indicando que “las provincias recibieron un 14% más por encima de la inflación en concepto de transferencias automáticas, comparando con el mismo período de 2024”. Además, instó a los gobernadores a “bajar impuestos provinciales y acompañar en el Congreso la baja en impuestos nacionales”. En la Región Centro respondieron con dureza: “Siempre son impuestos coparticipables los que tocan. Nunca los que benefician solo a Nación”.
El reclamo por la paralización de las obras públicas y las cajas jubilatorias
El reclamo de las provincias va más allá de los impuestos. Es que la paralización de la obra pública nacional es un tema clave que aqueja a los 23 gobernadores. “Tienen todo parado. No hay mucho movimiento y tampoco con Vialidad. Las rutas nacionales están hechas mierda”, protestaron cerca de un gobernador del Litoral. También se señaló el deterioro de los caminos que conectan con los puertos donde se descargan los granos que van para exportación.
El intento de diálogo que proponía el Pacto de Mayo firmado por 18 gobernadores el pasado 9 de julio quedó atrás. “Nosotros venimos a Capital todo el tiempo. Nos reunimos o vienen ministros o secretarios. El tema es que nos cansamos de pedir trece veces las mismas cosas y que siempre quede en la nada”, se lamentó uno de ellos.
En el Triángulo de Hierro de la Casa Rosada parecieran no hacer caso a esos reclamos. En ese sentido, sostienen que las provincias podrían financiar obras viales con aportes privados. En provincias como Santa Fe aseguran haber solicitado la transferencia de rutas sin obtener respuestas de Nación, y se muestran esperanzados en que avancen las concesiones.
Entre los reclamos pendientes también está el de las Cajas de Jubilaciones no transferidas a ANSES, una demanda que reúne a al menos 13 provincias. Cerca del ministro de Economía aseguran que “hay conversaciones con todas las provincias” y que se trabaja en los foros federales correspondientes. El mecanismo que buscan aplicar para resolver estas quejas es el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), cuyo propósito es que tanto el Gobierno nacional como las provincias salden las deudas cruzadas que mantienen entre sí, y que cualquier saldo restante sea abonado.
Un ejemplo de su implementación es el caso del gobernador de Chubut, quien logró un acuerdo con Nación para cubrir el déficit de su caja previsional y recibir fondos por obras públicas. En una situación similar, Frigerio pactó con el Gobierno nacional el pago del déficit previsional en doce cuotas de $2.000 millones, mientras se completa una auditoría. No obstante, Entre Ríos sostiene que, de acuerdo con sus estimaciones, aún quedan pendientes $7.000 millones adicionales.
Córdoba es una de las provincias que más avanzó judicialmente en el reclamo por los fondos de su Caja de Jubilación. A fines de abril, el gobernador Martín Llaryora acudió a la Corte Suprema para exigir el pago de una deuda que estima en $1 billón, equivalente, según sus cálculos, a la mitad de la inversión en infraestructura de la provincia. Desde el Ministerio de Economía admiten que Córdoba llevó su reclamo más lejos que otras jurisdicciones, aunque aseguran que “hubo un acercamiento muy importante en esta gestión”, y destacan que ya se está trabajando de forma conjunta en una propuesta concreta como parte del REOR. En los próximos días se celebrará una nueva audiencia.
MB/EM
