El ex presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, fue denunciado ante la Justicia argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión, que se extendió desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. La presentación hecha entre otros por el Foro Argentino por la Democracia recayó por sorteo en el Juzgado Federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, en los tribunales de Comodoro Py.
Según el escrito, se acusa directamente a Morales de ordenar y permitir violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que incluyen masacres, torturas, tratos inhumanos y persecuciones políticas contra opositores, con pleno conocimiento y autorización de su parte.
Los denunciantes argumentan que el sistema judicial boliviano no cuenta con las condiciones necesarias para llevar adelante una investigación independiente, debido a presiones políticas. Por ello, solicitan la intervención de la justicia argentina amparados en la Ley 26.200, que adopta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, habilitando el uso del principio de jurisdicción universal para juzgar crímenes de lesa humanidad, aun cuando estos no se hayan cometido en el territorio nacional.
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Casos emblemáticos incluidos en la denuncia
La presentación detalla una serie de casos que exponen el presunto uso del aparato judicial como mecanismo de represión política:
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Caso Dirk Schmidt: Ciudadano alemán que vivió más de 30 años en Bolivia. Fue arrestado en 2010 acusado de terrorismo tras un allanamiento sin orden judicial. Pasó más de dos años detenido en condiciones inhumanas. Aunque fue absuelto en 2014, siguió siendo hostigado por el Estado.
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Caso “Terrorismo 1”: Implicó a ciudadanos como Alejandro Melgar Pereira, entre otros, acusados de integrar una supuesta célula terrorista con intenciones separatistas. Las detenciones arbitrarias y la ausencia de debido proceso marcaron este caso, considerado una farsa política. Los implicados fueron absueltos en 2020.
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Caso Fondioc / Marco Antonio Aramayo: Aramayo denunció corrupción en el Fondo Indígena y fue objeto de 256 procesos judiciales en todo el país. Sufrió torturas y detención prolongada, lo que derivó en su muerte. El caso expone una persecución institucionalizada.
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Caso Alberto Leopoldo Díez Luque: Arrestado en 2017 por la posesión de eucaliptol, erróneamente identificado como cocaína. Fue víctima de malos tratos pese a que la sustancia era legal.
Evo Morales, en medio de otro escándalo por el presunto abuso de una menor
Otros antecedentes judiciales contra Evo Morales
Además de esta denuncia, Evo Morales enfrenta otra causa en Argentina por presunto abuso de menores y trata de personas. La Cámara Federal recientemente revirtió el archivo de esa investigación, que incluye testimonios sobre supuestas menores bolivianas mantenidas en condiciones serviles en una vivienda de Buenos Aires durante 2020, donde Morales residió tras dejar el poder en Bolivia. Uno de los testimonios más duros sostiene que el exmandatario habría recibido niñas como “regalos” a cambio de favores políticos.
Justicia universal: antecedentes en Argentina
El principio de jurisdicción universal ha comenzado a ser aplicado en la justicia argentina para causas similares. Uno de los casos más resonantes es el proceso iniciado contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que derivó en una orden de captura internacional contra el mandatario, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros altos funcionarios. La denuncia fue impulsada por el abogado Darío Richarte junto a un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de una clase sobre la Corte Penal Internacional.
Un llamado internacional a la justicia
“La falta de garantías judiciales en Bolivia torna inoperante cualquier intento de justicia local, motivo por el cual esta acción ante tribunales argentinos resulta necesaria”, sostiene la denuncia presentada contra Morales. Los impulsores del reclamo aseguran que la judicialización en Argentina no representa una intromisión en asuntos internos de otro país, sino una defensa activa del derecho internacional y de los derechos humanos.
La resolución del caso dependerá ahora del avance del expediente en los tribunales de Comodoro Py y del análisis que haga la jueza Capuchetti sobre la aplicabilidad del principio de jurisdicción universal en este contexto.
