En comunicación con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, analizó en profundidad el proyecto del “súper IVA” impulsado por el Gobierno, el cual busca una competencia impositiva entre provincias y desató polémica e incertidumbre entre los gobernadores por el pensamiento de que posiblemente se trate de una maniobra política.
Ariel Maciel analizó los alcances del nuevo esquema del Impuesto al Valor Agregado, en el que Nación se quedaría con una parte del tributo y las provincias deberían encargarse del resto. “Las provincias se van a manejar como un mercado en torno a la presión tributaria. Cada una podrá decidir cuánto más o menos quiere cobrar sobre el IVA”, explicó.
Este modelo, que busca generar una supuesta competencia impositiva entre provincias, implica que aquellas jurisdicciones que ofrezcan menores cargas tributarias serían más atractivas para los inversores. “El objetivo, según Caputo, es que cada provincia compita para atraer inversiones. Pero no se sabe cómo se aplicará ni qué pasa con impuestos como el cheque o Ganancias”, advirtió.
La idea del Gobierno como una maniobra política
Maciel señaló que, “no podés cambiar por decreto una ley. Esta discusión debería darse en el marco de la ley de coparticipación, que está paralizada desde hace años y requiere el acuerdo de todas las provincias”.
A su vez, advirtió que esta medida llega en un contexto electoral sensible, con varias provincias próximas a elecciones. “Muchos gobernadores lo ven como una maniobra política, les retiran fondos justo en meses clave, sin previo aviso”, sostuvo.
¿El súper IVA beneficiaría realmente a las empresas?
La promesa oficial de que el súper IVA facilitará nuevas inversiones fue puesta en duda por el periodista. “Una industria no se muda de provincia por un beneficio impositivo. Mover fierros y tecnología es financieramente inviable. Esto puede aplicar solo para nuevas inversiones, y aún así está muy lejos”, afirmó.
Comparando con modelos internacionales, resaltó: “Estados Unidos promueve la competencia fiscal entre estados, pero lo hace con un objetivo de reindustrialización nacional. Acá no se habla de desarrollo, sino de cómo sostener ingresos fiscales sin transferencias”.