La posibilidad de importar maquinaria agrícola usada que abrió el Gobierno está generando preocupación entre las empresas que venden equipos en el mercado local, tanto nacionales como de origen extranjero.
El 16 de abril pasado, el Gobierno formalizó la simplificación de la importación de bienes de capital usados a través del Decreto 273/2025. Al argumentar los cambios introducidos, el Ejecutivo expresó que esta medida permitirá “profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía, contribuyendo decisivamente a la superación de la emergencia económica”.
Esta apertura generó el rechazo de las empresas. Desde el punto de vista de los fabricantes de origen nacional el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Enrique Bertini, comentó a PERFIL que “encendemos una luz amarilla porque creemos que va a ser perjudicial para el sector, tanto en lo económico financiero, como en lo laboral, porque podría traer situaciones. Si esto escala y toma un volumen grande, podría disminuir la actividad industrial de unas 1.200 empresas en la cadena de valor con unos 30.000 puestos de trabajo directo”.
La maquinaria usada se abre paso con facilidad y amenaza a la industria nacional
Desde el lado de las empresas extranjeras con presencia en el país, Leandro Brito Peret, director Ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT), que agrupa a 8 empresas de origen extranjero con 12 plantas y 16.000 puestos de trabajo en toda la cadena desde los proveedores hasta la venta, sostuvo que las empresas frenaron sus planes de inversión en Argentina tras conocerse la nueva medida.
“Todas dijeron ‘veamos qué pasa en Argentina y más adelante decidiremos. Por el momento, sigamos funcionando como hasta ahora’, ya que se trata de un cambio radical en el modelo de negocios”, relató. “Abrir la importación de bienes de capital usados es fácil hacerlo, pero cuando uno se pone a analizar segmento por segmento y sector, el impacto no es el mismo para todos”, añadió.
Este miércoles, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida argumentando que el productor ahora podrá comprar una maquinaria usada importada a US$ 100.000 por la que antes pagaba US$ 200.000.
Teniendo en cuenta que los productores agropecuarios utilizan sus maquinarias usadas como parte de pago para comprar nuevas, Bertini señaló que “se descapitaliza tanto el productor agropecuario o el contratista que tiene máquinas, como el concesionario, que tiene máquinas también para vender. Si el flujo de ingreso es masivo, con precios muy por debajo de los que se manejan acá, ese capital que uno contempla porque las tomó a cierto valor, se vendría abajo. En el caso del productor, cae el valor de las cosechadoras está utilizando como parte de pago”.
Tanto Bertini como Brito Peret coinciden en que las máquinas usadas que ingresen al país deben pagarse al contado, no tienen garantía y no cuentan con servicio posventa que les permita hacer frente rápidamente ante un problema. “En este tipo de maquinaria, donde la ventana de tiempo es relativamente corta y la competencia es grande, tiene que estar a punto y no puede parar”, señala Bertini.
Otro punto coincidente entre ambos dirigentes son los riesgos fitosanitarios que introduzcan malezas o enfermedades que no están presentes en Argentina.
Relación con el Gobierno
Con respecto al diálogo con el Gobierno sobre este tema, Bertini expresó que “he participado en algunas reuniones con altos funcionarios y la verdad que la respuesta a nuestro sector y a otros es bastante seca y no es para conversar, sino para convencer de que es el camino correcto. Me parece bien que estén convencidos, pero al momento de tener que discutir un cambio, tendríamos que estar convocados”.
Por su parte, Brito Peret señaló que desde que se comentó la posibilidad de la desregulación de la importación de la maquinaria agrícola usada “hemos expresado nuestra preocupación, planteado el tema de la competitividad, los concesionarios y el riesgo fitosanitario. Nos han escuchado y sé que nos prestaron atención, más allá que después el decreto no haya reflejado en las conversaciones”.
Luego del decreto, “el Gobierno priorizó reunirse con las provincias con representantes de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, que plantearon el tema para trabajar en alguna solución con menos impacto negativo. Nosotros estamos expectantes de que nos den la audiencia para expresar nuestra preocupación y proponer alguna forma de minimizar el riesgo tanto para el productor como para el país general”.
ML
